CHILE Y LA TRATA DE PERSONAS
"Por cuanto he recibido del Senado Conservador un decreto que dice lo siguiente:
1° Son libres cuantos han nacido desde 1811, y cuantos nazcan en los territorios de la República.
2° Son libres cuantos pisen el suelo de la República, y que hayan sido conducidos fuera de ella.
3° Cuantos hasta hoy han sido esclavos, son absolutamente libres desde la publicación de este acuerdo.
Por tanto, ordeno que se publique por ley, insertándose en el "Boletín". Dado en el Palacio Directorial de Santiago, a 24 de julio de 1823.
Freire---Mariano Egaña (7)
El 24 de julio de 1823 la joven república de Chile, abolió la esclavitud. Fue el primer país de América y segundo en el mundo -el primero fue Dinamarca- en prohibir la esclavitu y declarar categóricamente la condición inalienable de ser el hombre, libre.
191 años después, en aquel mismo Palacio Directorial, un grupo de policías de las brigadas especializadas de la PDI, fiscalizadores laborales e inspectores de la Municipalidad de Santiago en conjunto con el Ministerio del Interior, se coordinaron para llevar a cabo el primer operativo de fiscalización destinado específicamente a detectar casos de trata de personas y explotación comercial infantil en el centro cívico de la capital.
La trata de personas ha sido llamada en múltiples oportunidades, por variados y distintos organismos internacionales y líderes mundiales como "la esclavitud moderna" o "la esclavitud del siglo XXI". El concepto internacionalmente consensuado del delito de trata es aquel establecido en la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo para prevenir, perseguir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, conocidas como la Convención y el Protocolo de Palermo. El artículo 3° del Protocolo señala:
Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos ( Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional).
La trata de personas sanciona el comercio de personas que migran, -sea de país, sea de región-y que se ven captadas y trasladadas por sujetos que, generalmente a través de falsas ofertas de empleo, los fuerzan, física o sicológicamente, a realizar labores a los que no pueden ofrecer resistencia. En estos últimos tres años desde que se dictó la ley 20.507 que incorpora al Código Penal chileno el delito de trata de personas en su concepción moderna, hemos tenido en Chile 180 víctimas de causas formalizadas, hombres y mujeres, todos ellos extranjeros, principalmente adultos, pero exhibimos cifras de menores de edad. Y esto es sin incluir a los niños, niñas y adolescentes nacionales víctimas de explotación comercial infantil que esconden una situación de trata.
Es desalentador que casi dos siglos después de la dictación de la ley de 1823, acciones que consideramos bárbaras, propia de civilizaciones primigenias sin nociones de derechos humanos, no se encuentre erradicadas.
García Arán sostiene que el incremento de las desigualdades económicas interterritoriales y la cada vez menor capacidad de incidencia en el futuro económico por parte de los países dependiente y subdesarrollados, han intensificado las migraciones humanas en un marco aparentemente contradictorio: la mundialización económica establece la libre circulación de mercancías y capitales y, al mismto tiempo, restringe la circulación de personas, lo que aumenta las presiones migratorias. Las empresas transnacionales absorben el 25% del PIB mundial, pero dan trabajo a menos del 1% de la población económicamente activa de los países del Sur, incrementándose la marginación y exclusión social de amplios sectores de población que se ven compelidos a emigrar. Tal situación se plasma en los denominados factores de expulsión (pushfactors) y de atracción (pullfactors), respectivamente identificados con aquellos que obligan a emigrar (carencia de condiciones mínimas en los países de origen) y los que invitan a establecerse en los países de destino (libertades políticas, oportunidades económicas, Garcia Aran, Coordinadora. Trata de personas y explotación sexual.
Ahora bien, sin perjuicio de las posibles causas estructurales y todo el debate que esto conlleva, el punto en cuestión es que el decreto de 1823 no se está cumpliendo. Son muchas las victimas extranjeras y son muchos nuestros niños chilenos sometidos a condiciones de explotación y esclavitud.
Se ha planteado por distintas voces que el concepto de trata es un concepto muy complejo y difícil, que requiere un fino análisis para lograr distinguirlo de situaciones de abuso o vulneración de derechos que no alcanzan la magnitud de la explotación de la trata. Creo que si bien ese debate es válido, no se debe perder de vista que el disvalor de la trata no está dado por la crueldad del tipo de explotación a la que se somete a la víctima, sino por la crueldad que manifiesta una perosna cuando usa, goza o dispone de otra como si ésta careciera de humanidad, como si fuera una cosa. Y una persona es tratada como una cosa cuando se la intercambia como una mercancía o se explota su trabajo sin reconocimiento de los derechos como trabajador; cuando se la traslada violenta, fraudulenta o abusivamente para atender la demanda de prestaciones que se produce en otro lugar; en los casos en que el inmigrante toma la iniciativa de su traslado para emigrar poniéndose en manos de quienes lo organizan.
Chile se enfrenta al desafío de honrar y reafirmar el compromiso suscrito en los albores de su historia. Es por ello que el Estado ha iniciado la implementación de un plan de acción de carácter nacional con el objetivo de implementar medidas concretas en las áreas de prevención, persecución penal y atención a víctimas de trata. En lo que va del año 2014 se han designado puntos focales de Intendencia y fiscales coordinadores en cada región del territorio, se han instalado mesas regionales en la mitad del país, hemos capacitado a cientos de funcionarios de las ciudades de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Valparaíso, Talca, Concepción, Coyhaique, Punta Arenas y Santiago y pasos fronterizo de Chacalluta y de Colchane, abarcando carabineros y policías, personal de Aduanas y SAG, fiscalizadores laborales, inspectores sanitarios y municipalidades, policía marítima, sicólogos, asistentes sociales, abogados, médicos, paramédicos, profesionales de SENAME y de SERNAM, agrupaciones de migrantes y juntas de vecinos; hemos suscrito convenios sobre la materia con Colombia, Perú, Argentina y Estados Unidos, hemos generado guías de buenas prácticas de investigación policial, informes estadísticos del delito en Chile, y tenemos un protocolo de atención a víctimas en fase piloto en la Región Metropolitana que pretendemos se extienda a todo el país.
Los esfuerzos, creo, van en la dirección correcta. La Mesa Intersectorial sobre trata de personas, comisión intersectorial e interministerial creada por Decreto Supremo N° 2821 en el año 2008 en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y compuesta por reparticiones estatales, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, tienen la misión de implementar el Plan y evaluar regularmente su eficiencia y eficacia, a efectos de mejorar y fortalecer las acciones de combate contra la trata.
Al leer los testimonios de víctimas de trata en Chile en pleno siglo XXI, resuenan a lo lejos las palabras que José Miguel Infante, miembro del Senado y autor de la ley dirigió a la Cámara Alta durante la tramitación: "Han sido arrancados de los hogares de sus dueños como cerca dos mil esclavos y cuatrocientos jóvenes, para ser llevados a lejanos fundos: allí se les ha arrojado en miserables galpones para vivir, atados con cordel, para que no puedan fugarse. Algunos han sido marcados a fuego, porque se han rebelado contra una tal ignominia. Las jóvenes esclavas han sido entregadas al ludibrio de los trabajadores de las haciendas, violadas y vejadas, una y mil veces, para hacerlas infecundas, por la frecuencia del comercio del acto. Los matrimonios jóvenes han sido separados, y no ha bastado el llanto ni el dolor, la súplica y la agonía de estas pobres gentes, para merecer el perdón...Debería yo denunciar a estos hombres en el senado; pero no lo haré todavía, porque espero se convenzan del crimen que cometen, y que aún pueden reparar" (Feliú Cruz, Guillermo. La abolición de la esclavitud en Chile, 2 Edición, Septiembre 1973). Impresiona poder reconocer en sus palabras, situaciones y hechos que se describen en los testimonios recogidos en las causas penales que lleva el Ministerio Público.
Pero tal como lo decía Infante, aún podemos reparar Chile ha tomado conciencia de la existencia del fenómeno y ya cada día más funcionarios públicos conocen y reciben formación en identificación de situaciones de trata y respuesta adecuada a sus víctimas.
Las palabras finales de Infante ante el Senado contienen un mensaje plenamente actual y del que se está haciendo cargo del Estado de Chile: "Son cuatro mil ciudadanos los que gimen bajo el peso de una ley bárbara. Son cuatro mil conciencias las que lloran su desgracia. Son cuatro mil víctimas las que piden amparo a los que, en nombre del derecho y de la dignidad del individuo, hemos hecho la revolución".
La tarea de erradica la trata no va a ser fácil ni va a ser simple. Pero el compromiso ya ha sido adquirido y la convicción, renovada.
Se ha planteado por distintas voces que el concepto de trata es un concepto muy complejo y difícil, que requiere un fino análisis para lograr distinguirlo de situaciones de abuso o vulneración de derechos que no alcanzan la magnitud de la explotación de la trata. Creo que si bien ese debate es válido, no se debe perder de vista que el disvalor de la trata no está dado por la crueldad del tipo de explotación a la que se somete a la víctima, sino por la crueldad que manifiesta una perosna cuando usa, goza o dispone de otra como si ésta careciera de humanidad, como si fuera una cosa. Y una persona es tratada como una cosa cuando se la intercambia como una mercancía o se explota su trabajo sin reconocimiento de los derechos como trabajador; cuando se la traslada violenta, fraudulenta o abusivamente para atender la demanda de prestaciones que se produce en otro lugar; en los casos en que el inmigrante toma la iniciativa de su traslado para emigrar poniéndose en manos de quienes lo organizan.
Chile se enfrenta al desafío de honrar y reafirmar el compromiso suscrito en los albores de su historia. Es por ello que el Estado ha iniciado la implementación de un plan de acción de carácter nacional con el objetivo de implementar medidas concretas en las áreas de prevención, persecución penal y atención a víctimas de trata. En lo que va del año 2014 se han designado puntos focales de Intendencia y fiscales coordinadores en cada región del territorio, se han instalado mesas regionales en la mitad del país, hemos capacitado a cientos de funcionarios de las ciudades de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Valparaíso, Talca, Concepción, Coyhaique, Punta Arenas y Santiago y pasos fronterizo de Chacalluta y de Colchane, abarcando carabineros y policías, personal de Aduanas y SAG, fiscalizadores laborales, inspectores sanitarios y municipalidades, policía marítima, sicólogos, asistentes sociales, abogados, médicos, paramédicos, profesionales de SENAME y de SERNAM, agrupaciones de migrantes y juntas de vecinos; hemos suscrito convenios sobre la materia con Colombia, Perú, Argentina y Estados Unidos, hemos generado guías de buenas prácticas de investigación policial, informes estadísticos del delito en Chile, y tenemos un protocolo de atención a víctimas en fase piloto en la Región Metropolitana que pretendemos se extienda a todo el país.
Los esfuerzos, creo, van en la dirección correcta. La Mesa Intersectorial sobre trata de personas, comisión intersectorial e interministerial creada por Decreto Supremo N° 2821 en el año 2008 en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y compuesta por reparticiones estatales, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, tienen la misión de implementar el Plan y evaluar regularmente su eficiencia y eficacia, a efectos de mejorar y fortalecer las acciones de combate contra la trata.
Al leer los testimonios de víctimas de trata en Chile en pleno siglo XXI, resuenan a lo lejos las palabras que José Miguel Infante, miembro del Senado y autor de la ley dirigió a la Cámara Alta durante la tramitación: "Han sido arrancados de los hogares de sus dueños como cerca dos mil esclavos y cuatrocientos jóvenes, para ser llevados a lejanos fundos: allí se les ha arrojado en miserables galpones para vivir, atados con cordel, para que no puedan fugarse. Algunos han sido marcados a fuego, porque se han rebelado contra una tal ignominia. Las jóvenes esclavas han sido entregadas al ludibrio de los trabajadores de las haciendas, violadas y vejadas, una y mil veces, para hacerlas infecundas, por la frecuencia del comercio del acto. Los matrimonios jóvenes han sido separados, y no ha bastado el llanto ni el dolor, la súplica y la agonía de estas pobres gentes, para merecer el perdón...Debería yo denunciar a estos hombres en el senado; pero no lo haré todavía, porque espero se convenzan del crimen que cometen, y que aún pueden reparar" (Feliú Cruz, Guillermo. La abolición de la esclavitud en Chile, 2 Edición, Septiembre 1973). Impresiona poder reconocer en sus palabras, situaciones y hechos que se describen en los testimonios recogidos en las causas penales que lleva el Ministerio Público.
Pero tal como lo decía Infante, aún podemos reparar Chile ha tomado conciencia de la existencia del fenómeno y ya cada día más funcionarios públicos conocen y reciben formación en identificación de situaciones de trata y respuesta adecuada a sus víctimas.
Las palabras finales de Infante ante el Senado contienen un mensaje plenamente actual y del que se está haciendo cargo del Estado de Chile: "Son cuatro mil ciudadanos los que gimen bajo el peso de una ley bárbara. Son cuatro mil conciencias las que lloran su desgracia. Son cuatro mil víctimas las que piden amparo a los que, en nombre del derecho y de la dignidad del individuo, hemos hecho la revolución".
La tarea de erradica la trata no va a ser fácil ni va a ser simple. Pero el compromiso ya ha sido adquirido y la convicción, renovada.
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